Dieciséis años son
suficientes para hacer un balance de lo que ha sido la vinculación de la
trasnacional española Gas Natural Fenosa a la Costa Atlántica, después de la
enajenación de las siete electrificadoras de la región, primero a otra empresa
foránea con sede en Caracas y luego a Unión Fenosa, según fuentes creíbles, por
valor de 450 millones de dólares (a precio de gallina flaca). Esta
privatización es el origen principal de la crisis eléctrica de esta región por
cuanto la distribución y comercialización de este servicio, clave para la
calidad de vida de más de diez millones de habitantes y la competitividad del
sector productivo, pasó de ser un patrimonio público a un monopolio privado con
ánimo de lucro y los usuarios fueron convertidos en clientes.
ATRASOS EN LA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR MÁS DE VEINTE AÑOS
Expertos en el sector
eléctrico diagnostican que el atraso tecnológico en la Región Norte del país es
de más de veinte años. Debemos recordar las épocas de Corelca (Corporación
Eléctrica Regional de la Costa Atlántica), empresa de carácter público que
levantó buena parte de la infraestructura con cargo a una sobretasa pagada por
los costeños por veinte años, la cual no recibía subsidios estatales sino la
competencia desleal de empresas privadas y que terminó liquidada. En alguna
medida Gas Natural Fenosa ha desmejorado las redes como es el caso de cambiar las
redes de cobre, buen conductor de energía, para reemplazarlas por redes de
aluminio de mala calidad (lo cual fue admitido por el presidente de
Electricaribe José García Sanleandro en entrevista con La Silla Vacía).
El deterioro también se
aprecia en la fuerza laboral ya que esta empresa
se ha dedicado a la
tercerización en las labores misionales, como lo dicen las cifras de la misma.
Menos cuadrillas de trabajadores que antes, menos vehículos para las
reparaciones. En la actualidad hay 1.200 trabajadores vinculados directamente a
la empresa en la Costa Atlántica y cinco mil tercerizados. Todo en desmedro de
un buen servicio y con altos riesgos para los operarios
LA NORMATIVIDAD
TARIFARIA DE LA CREG ATENTA CONTRA LOS USUARIOS
Un estudio de la Ecsim
contratado por el gobierno actual a través de Bancoldex, dice que tenemos una de las tarifas más altas
del mundo y que se pueden hacer modificaciones para moderarlas. Resultado: el
estudio fue dejado de lado. Las tarifas son así de altas porque las empresas
distribuidoras como Electricaribe 1) Cobran la infraestructura como nueva,
siendo obsoleta. Se denomina valor de reposición a nuevo (VNR). 2) Le permiten
a estas empresas tener una de las más altas rentabilidades del mundo (13,9%),
el llamado WACC, cuando el promedio internacional es del 8%. 3) Les cobran a
los usuarios vía tarifas el impuesto de renta del 33% cuando realmente pagan el
20% según reporte de la Dian. Este último extra cobro puede sobrepasar el
billón de pesos al año contra los usuarios por parte de las empresas de energía
y gas del país. Además la Creg está por
aprobar una nueva normativa tarifaria para un periodo de cinco años y estas iniquidades
se mantienen, algunas contraviniendo el Código Penal, como lo demostró el
senador Robledo recientemente en la comisión quinta del senado.
EL PLAN CARIBE RESULTÓ
COMO PAÑITOS DE AGUA TIBIA
A mediados del año
pasado, a raíz de las protestas permanentes de los usuarios, el Ministerio de
Minas presentó el Plan5Caribe como la solución a la problemática eléctrica de
la Costa. Muchos sectores, como los Indignados con Electricaribe, alertaron que
se trataba de pañitos de agua tibia porque de los 4 billones destinados para
inversión, tres billones de pesos eran para el Sistema de Transmisión Nacional
y el Sistema de Transmisión Regional que no hacen parte de Electricaribe y un
billón de pesos tenía que aportar esta empresa, todo pagado por los usuarios vía
tarifas, o sea que no sale un peso nuevo
de esa empresa, pero además completamente insuficiente, 250.000 millones
anuales para resolver todo el atraso tecnológico de décadas en siete
departamentos caribeños. Ahora la Contraloría General de la República y la
gerencia de dicho plan dicen que la empresa foránea apenas ha cumplido con el
19% en el 2016.
EL MITO DE LA CULTURA
DEL NO PAGO
El recaudo de la
empresa a 31 de diciembre de 2015 fue de 83,9% de los clientes residenciales y
de los sectores comerciales e industriales regulados según muestra el balance
financiero de Electricaribe. En cuanto a energía social, que atendía zonas
especiales, de difícil gestión y barrios subnormales el recaudo ha venido
mejorando así: 2014, el 42,02% y el 2015, el 75,61%. No es cierto lo de la
cultura del no pago, por ejemplo en los casos de los servicios de agua y gas
los recaudos son alrededor del 95%. Es un insulto a la ciudadanía calificarla
de negligente en el pago de las facturas cuando la realidad demuestra lo
contrario.
Lo que sí existe son
los cobros amañados y excesivos principalmente a los sectores más
desprotegidos, violando el contrato de condiciones uniformes (que casi nadie
conoce porque no lo entregan) por ejemplo en el compromiso de Electricaribe de
entregar una energía de calidad y continua y de mínimo 110 voltios cuando no
llega muchas veces ni a noventa voltios, lo que es un fraude permanente, además
de atentar contra los artefactos eléctricos que muchas veces se dañan por esa
causa y aumentan los consumos lo que lleva a cobros más altos.
EL INCUMPLIMIENTO DEL
GOBIERNO EN CONDONAR LA DEUDA DE ENERGIA SOCIAL
En la Cumbre Energética del 14 de enero pasado
en Barranquilla el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a cancelar la
deuda de 400.000 millones de pesos a 400.000 usuarios, deuda que debe ser
auditada y depurada, pero que debe ser cumplida la palabra empeñada, porque la
empresa está llevando a cabo continuos cortes en el servicio a numerosos
usuarios que ya tienen la expectativa del compromiso presidencial.
LA INTERVENCIÓN DE LA
SUPERSERVICIOS SE JUSTIFICA PLENAMENTE
Prácticamente todas las
causales del artículo 59 de la ley 142 de 1994 se le pueden aplicar a
Electricaribe. Lo que ha faltado es voluntad política. Se puede intervenir
cuando no presta el servicio de calidad y continuo, si hay perturbaciones del
orden público, si se teme que puede suspender pagos de obligaciones mercantiles
(MX), etc. Esta medida ha tomado mucha fuerza en distintos sectores de
parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, gremios,
usuarios, pero el gobierno le teme a una confrontación con la trasnacional Gas
Natural Fenosa y más bien ha sido alcahueta con sus condenables procederes.
TRATADOS LEONINOS LA
CARTA MARCADA DE FENOSA
Cuando más aislada
estaba la empresa, como lo estuvo en Guatemala y República Dominicana, donde
fue expulsada por la iracundia de la población, Gas Natural Fenosa saca la
carta marcada del tratado de protección recíproca de inversiones (ley 437 de
1998) que le da seis meses para discutir las controversias directamente con el
gobierno y luego de transcurrir ese plazo sin acuerdos entre las partes, los
grandes empresarios extranjeros quedarían facultados para decidir unilateralmente
el camino a seguir, que puede ser acudir a tribunales de Colombia (que no les
va a interesar), a un arbitramento en las Naciones Unidas en Nueva York o someter
las diferencias a tribunales Internacionales de resolución de conflictos, en
los cuales Colombia estaría perdida porque solo tendría un voto de los tres árbitros
que los integran. También tiene a su favor Fenosa el TLC con la Unión Europea
que aprobó el congreso y firmó el gobierno. Se trata de lo entrampado en que se
encuentra nuestro país por cuenta de estos tratados desiguales, que hacen que
las soluciones a las controversias con empresas foráneas estén por fuera del
ordenamiento jurídico interno.
EL TRATADO
INTERNACIONAL TISA EMPEORARÍA LA CRISIS EN LA COSTA ATLÁNTICA
Ahora que se está
negociando el Tratado Internacional de Servicios (TISA), que incluye los
servicios públicos, es necesario develar ante el pueblo y la nación colombiana
que los actuales términos inequitativos de los tratados que se han firmado con
las potencias industrializadas del planeta van a ser empeorados al máximo en el
TISA por cuanto ya se sabe por lo menos los siguientes aspectos dados a conocer
por los llamados Wikileaks de Julián Assange:
1) Que se está
negociando en secreto por parte del gobierno de Estados Unidos con medio
centenar de países el llamado TISA.
2) Que de llegarse a
firmar el susodicho tratado, sus cláusulas solo podrían ser conocidas cinco
años después y
3) que van a ser
incrementadas las ventajas a favor del gran capital financiero internacional en
detrimento de los intereses de buena parte de los habitantes del mundo por la
profundización de las privatizaciones del patrimonio público.
Pero también habría de
suponer que frente al incremento de las ventajas de una minoría expoliadora que
solo representa el uno por ciento de la humanidad, la otra parte no se quedaría
presentando la otra mejilla sino que también se fortalecería la resistencia
global y la confrontación se extendería a nivel planetario. En el caso de
Electricaribe ya se asoman dichas circunstancias: las pretensiones desmesuradas
de Gas Natural Fenosa y la creciente resistencia civil de toda una región.
SOLUCIÓN ESTRUCTURAL A
LA CRISIS ELÉCTRICA DE LA REGIÓN CARIBE
La crisis eléctrica estructural
de la Costa requiere de una salida integral que abarque los aspectos más
relevantes, que vayan al fondo de la problemática como los siguientes:
1. La
intervención de la Superservicios al tenor del artículo 59 de la ley 142 de
1994
2. La
inversión más grande que se tenga noticia en la Costa por parte del Estado para
modernizar la infraestructura obsoleta y el atraso tecnólogico ya que Gas
Natural Fenosa en 16 años no apropió ningún recurso para este propósito, pero
si dilapidó buena parte de inversiones oficiales con plata de todos los
colombianos (700 mil millones de pesos en los últimos diez años) destinados a
los programa Prone (normalización de redes) y Faer (electrificación rural)
según denuncias de la Contraloría General de la República.
3. Estas
grandes inversiones oficiales, sin las cuales no habrá mejoras en la
infraestructura eléctrica regional, deberán ser capitalizadas en acciones de
Electricaribe a favor de la Nación que posee algo más del 10% del total
accionario y mantener el carácter mixto de la empresa.
4. Para
que no se presenten impactos en las tarifas de la energía para los usuarios se
utilizarán los dividendos generados por dicha inversión pública.
5. Modificar
la normativa tarifaria para quitarle gabelas a los oligopolios, que no cobren
las redes viejas como nuevas, que la rentabilidad baje del 13,9% al promedio
mundial de 8% y que no le cobren a los usuarios los impuestos de renta que no
le pagan al fisco.
6. Es
necesario preservar los derechos convencionales de los trabajadores activos y
de los pensionados, como también actuar para que los trabajos misionales sean
realizados por operarios contratados directamente por la empresa y no se
mantenga la odiosa tercerización.
7. Que
se mantenga la integralidad de la empresa por razones de economía de escala ya
que sería un grave error segmentar la distribución y comercialización de la
energía en la Costa, un retroceso histórico.
8. Rechazar
y denunciar por todos los medios los “acuerdos” como el TISA, el tratado de
protección de inversiones recíprocas con España y los Tratados de Libre
Comercio por ser contrarios al interés nacional y avasallar al país por parte
de las potencias económicas.
Finalmente, los
usuarios residenciales y de la pequeña y mediana industria reclamamos nuestra
participación activa en la búsqueda de soluciones a una problemática de la cual
depende el futuro y el progreso de esta estratégica región de Colombia,
entendiendo que solo con la movilización civilizada pero enérgica y la unidad
más sólida de todas las fuerzas vivas de los siete departamentos de la Región
Caribe lograremos pasar esta página oscura de nuestra historia.
Norman
Alarcón Rodas
Movimiento
Indignados con Electricaribe
Barranquilla,
9 de septiembre de 2016
Ponencia
en el Encuentro sobre el TISA y el caso de Electricaribe
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