10 conclusiones del debate sobre altas tarifas de servicios públicos, realizado en Blu Radio Medellín.

Por: Pablo Andrés Celis Bedoya - ASULUS Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios.

Contacto: 3165795020 - pablocelisb@hotmail.com

1. El caso de Martina Cortés es emblemático. Son miles de usuarios Indignados con los excesivos cobros que obligan a los hogares a sacrificar otros gastos de bienes y servicios.

2. Altas tarifas en servicios públicos son consecuencia de la introducción constitucional y normativa del ánimo de lucro, antes de los 90's los servicios públicos domiciliarios eran de exclusiva función social. Hoy la regulación tarifaria está a favor del lucro de empresas privadas prestadoras de los servicios y las empresas públicas como EPM aplican igualmente los criterios empresariales del sector privado.

3. Según estudio de ADERASA (asociación de entes reguladores de las Américas), Colombia tiene las más altas tarifas en agua.

El valor de la facturación anual por hogar en Cartagena (de multinacional Aguas de Barcelona) es de US956 y el de Barranquilla (de la multinacional Canal Isabel II) es de US829. Mientras que en la ciudad de Fortaleza Brasil, CAGESE (empresa estatal), el valor es de US157,54 anuales.
En Guayaquil, Ecuador, la compañía INTERAGUA (de la multinacional Veolia) el valor anual de facturación por hogar es de US100,29 y en Argentina, ciudad de Mar del Plata, el valor es de tan solo US60,03. Y en energía es peor: el promedio en céntimos de dolar por Kw/h: Colombia US18,3, Noruega US16,3 y USA US9,6 (BANCOLDEX). Con razón la protesta del gremio de industriales consumidores de energía ASOENERGÍA por altos costos de electricidad en la producción.

4. Entre 2007 y 2011 salario aumentó 28%, IPC 21,8%, y la ENERGÍA 38.3% (Superservicios; 2012). Estratos bajos los más perjudicados. Desconectados EPM Agua: 23.257. Energía: 13.395. Gas: 13.511. (EPM; 2011). Según ASULUS, los desconectados suman alrededor de 90.000.

5. En los casos de aumentos injustificados en los consumos de KW/H en energía y Mt3 en agua, las empresas de servicios públicos deben investigar uno a uno los casos de las variaciones significativas en los consumos y los suscriptores a través de la organización en ligas de usuarios debemos hacer seguimiento a estas anormalidades.

6. Por otro lado, se están dando permanentes alzas en las tarifas producto de las revisiones de las formulas tarifarias por parte de las comisiones reguladoras que obedecen a presiones de las empresas de servicios públicos para hacer mucho más rentables sus negocios. El plan nacional de desarrollo Santos aumentó tarifa a partir de 2016. Además ver resoluciones CREG 178 y 179-2014 qué aumento tarifa por remuneración en componente distribución energía y resolución 158 de 2015 sobre remuneración en comercialización por efectos del fenómeno del niño que se aplica en 2016 (opción tarifaria).

7. En los hogares más pobres las altas tarifas generan miles de desconectados de los servicios y la implementación aberrante de la modalidad prepago que condiciona el acceso a la capacidad de pago disminuyendo la calidad de vida de los hogares. Desde el 2007 a septiembre de 2015, existen 188,391 viviendas bajo la modalidad Prepago (EPM;2015).

8. Cargos básicos subsidiables han bajado considerablemente impactando la tarifa. En energía se subsidiaba hasta 180 kw/h y ahora solo hasta 130. En agua bajó de 20 Mt3 a 15 con la reciente resolución de la CRA N° 750 de 2016.

9. Es evidente que gobierno y empresas de servicios públicos siempre echan la culpa al usuario. Pero se contradicen cuando justifican alzas en "altos consumos de los usuarios" y a la vez justifican recortes en subsidios porque los "consumos de los usuarios han bajado".

10. Se requiere la organización de ligas de usuarios en todo el país, una organización con independencia de las empresas de servicios públicos, que logre hacer control y seguimiento a las denuncias ciudadanas. Pero además una organización que a través de la movilización ciudadana democrática y pacífica derrote toda la política de privatización de los servicios públicos domiciliarios que deben ser derechos fundamentales y no vulgares negocios.